¿Qué implica aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado?

Tras 2 décadas en democracia, las fuerzas políticas presentes en el Congreso -por acuerdo u omisión- ha optado por mantener esta ilegítima herramienta normativa, resignando el lógico camino de la derogación.

Durante los últimos días, el conflicto que vive nuestra región, se ha visto acompañado de la posibilidad de aplicar o no de la llamada “Ley de Seguridad Interior del Estado” (LSE), poderosa herramienta, muy utilizada en tiempos de la  dictadura del general Augusto Pinochet para perseguir severamente a la oposición política, que comenzaba a articularse en el año 1975, fecha en la cual se promulga este texto normativo.

Como toda norma que surge en un gobierno «de facto», a LSE carece absolutamente de legitimidad democrática y nace con una finalidad perversa, cuyo contenido en esencia buscó transformarla en una herramienta de control y persecución de la oposición ciudadana, social y política al poder imperante.

Por tanto, la sola advertencia de aplicar esta ley es inmediatamente interpretado como un acción directa de intimidación a la población, en este caso a quienes lideran la Movilización Social por Aysén, especialmente, los dirigentes sociales que presentaron el petitorio regional y que al mismo tiempo desplegaron acciones de presión.

 Pero así como su carácter antidemocrático resulta evidente, no tan evidente resulta dar cuenta que su contenido siga vigente y a disposición del gobierno de turno, pese a que su texto fue modificado en innumerables ocasiones, aunque inexplicablemente nunca derogada.

En lo estrictamente procesal, la LSE permite perseguir penalmente a los ciudadanos mediante un catálogo de penas mayor al que comúnmente es posible aplicar, mediante la normativa general fijada por el Código Penal. Es decir, sin LSE, la sanción por participar en desórdenes públicos es de una pena baja, probablemente una multa, pero con LSE, la penalidad puede elevarse desde 541 días a 5 años de privación de libertad.

CÓMO OPERA EN LA PRÁCTICA

La LSE sólo puede ser iniciada por denuncia o querella del Ministerio del Interior, del Intendente Regional o de “la autoridad afectada”, lo que evidencia el carácter eminentemente político de su aplicación, una vez decidida su invocación.

Hoy es comentario obligado en territorios como la Patagonia Aysén el temor que  provoca la posibilidad que “los militares salgan a la calle”, al especular que ello podría ocurrir mediante la invocación de la Ley de Seguridad del Estado.

 Efectivamente, es la LSE la que regula las facultades del Presidente de la República para “proponer al Congreso” la declaración de un punto del país en “estado de sitio”, el que deberá pronunciarse a la brevedad sobre la propuesta.

 Pareciera que aún el más inexperto analista estaría de acuerdo con  en el hecho de que no existe condición política ni jurídica alguna que posibilite dicho escenario.

Del mismo modo, cuesta creer que los militares estén actualmente disponibles para involucrarse en un conflicto esencialmente político, que los traería inmediatamente a un pasado oscuro que intentan dejar atrás.

La gente de Aysén debe estar tranquila, la conflictividad social es una característica propia de la convivencia democrática y que debe ser resuelta con las herramientas propias de la democracia y no con mecanismos que atentan contra su naturaleza.

Publicado por Jorge Díaz Guzmán./ Fuente: Epd Noticias