Contraloría declaró “ilegales” 29 de 34 convenios auditados, por más de $13 mil millones públicos
Democracia Viva y ProCultura están entre 18 entidades investigadas a lo largo del país en diversos servicios públicos y gobiernos regionales.
La Contraloría General de la República declaró ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y fundaciones, cuyas tomas de razón habían sido congeladas hace un mes, por el órgano regulador, en el marco del Caso Convenios.
Según informó diario La Tercera, se trata de acuerdos que fueron suscritos en 2023 y cuyo monto total alcanza a los $13 mil millones, mientras el Ministerio Público abrió 9 investigaciones entre Antofagasta y Los Lagos, de hecho, en esta última región, incluso, se allanaron las dependencias de la gobernación regional, liderada por Patricio Vallespín (ex DC).
Con esta declaración de ilegalidad por el ente revisor, los convenios vuelven a foja cero: es decir, son anulados. En caso que las partes quieran volver a firmar un acuerdo, deberán iniciar un nuevo proceso de toma de razón.
GIROS DEMASIADO AMPLIOS
De acuerdo a la publicación, se determinó que los convenios no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo, por lo que el contralor Jorge Bermúdez tomó la decisión de paralizar la toma de razón de estos convenios, debido a las investigaciones judiciales relacionadas con polémicos traspasos de fondos desde entidades gubernamentales a organizaciones privadas sin fines de lucro, a cambio de supuestas prestaciones de servicios.
En este sentido, las principales observaciones han estado relacionadas con fundaciones que presentaban giros demasiado amplios para ejercer y recibir transferencias estatales. Algunas de ellas, bajo el pretexto de “ayudar al prójimo”, incluían labores como entregar canastas familiares o construir viviendas, sin precisar las actividades y objetivos de manera específica.
Además, se objetó la “falta de claridad de los ítems de gastos”, lo cual es especialmente delicado considerando que su financiamiento proviene de recursos públicos.
Contraloría constató, asimismo, la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras” de los fondos transferidos.
En total, 22 de los 29 convenios declarados ilegales provienen de la Región de Los Lagos, siendo uno de los casos más graves en el GORE de Los Lagos, donde se detectó la transferencia de más de $600 millones, a pesar de la objeción de la Contraloría, con la Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo y su representante Francisco Vío Grossi, para financiar un programa de recuperación y fortalecimiento del sector silvoagropecuario indígena de la Provincia de Osorno,
Otra de las transferencias declaradas ilegales por Contraloría son los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, además de 3 transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2 mil 61millones, casos llevaron a la apertura de un sumario para determinar responsabilidades administrativas, y que indaga la Fiscalía.
El proceso de revisión continúa, y en paralelo, algunos de los convenios ya fueron retirados o declarados con alcance, lo que implica que se realizan ajustes antes de su eventual reingreso. La Contraloría no descarta remitir estos antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
NO EXISTEN BOLETAS DE GARANTÍA
Al respecto, el ministro de Justicia Luis Cordero, señaló que algunos convenios constituyen “casos de corrupción”, como el de Democracia Viva, aunque explicó que “tenemos un problema estructural”.
“Lo primero es que tenemos un abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, si no todos, están hechos con transferencias de capital”, lo que a juicio del secretario de Estado “genera varias consecuencias: la primera, que es la regla general, es que no se exijan boletas de garantía por la naturaleza de esas transferencias”.
Agregó finalmente que “esto tiene otro incentivo, y es que usted una vez que realiza las transferencias, para el Estado, para quien realizó la transferencia, la ejecución presupuestaria se entiende agotada, por lo tanto, el incentivo a realizar transferencias para poder cumplir con la ejecución presupuestaria es extremadamente alto”.
DIRECTORES DE FUNDACIONES SON RESPONSABLES
Por su parte, la directora del Instituto de Directores de Chile (IdDC) Fadua Gajardo, dijo a Radio Bío Bío, que los directores de todas las empresas, sin importar si son con o sin fines de lucro, abiertas o cerradas, “son responsables penal y civilmente. Tiene responsabilidad respecto de lo que está pasando en esa fundación o en esa compañía”.
Agregó en el mismo sentido, “si asumo para estar como directora en una compañía o en una fundación yo tengo el mismo deber de revisar, chequear, supervisar hacia donde se van generando los recursos”.
