Ciencia y Nueva Constitución: Diferencias entre texto 1980 y propuesta de Convención
Académicos e investigadores de la Universidad de Chile abordan las diferencias entre ambas Cartas Magnas y fijan posturas sobre el trabajo entregado por el órgano constitucional el pasado 4 de julio.
Tras un año de trabajo, la Convención Constitucional (CC) concluyó su labor y presentó la propuesta definitiva de nueva Constitución, el pasado lunes 4 de julio. El borrador de texto constitucional consta de 388 artículos y 56 disposiciones transitorias. Estas últimas son las que regularán la implementación y entrada en vigencia de la nueva Constitución en caso de ser aprobada.
En este contexto, y de cara al plebiscito rectificatorio del próximo 4 de septiembre, académicos y académicas de la Universidad de Chile reflexionaron sobre los desafíos en materia de ciencia e investigación que se evidencian en la propuesta, planteando diferencias con el texto que actualmente rige nuestra vida en sociedad.
Para el investigador y sociólogo especialista en educación de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, la Constitución actual (1980) promueve una “concepción excesivamente formal de la investigación”, la que no permitiría un desarrollo sustantivo de las diversas disciplinas.
“La nueva Constitución establece orientaciones normativas y éticas para la investigación, garantiza la libertad para los investigadores, su relación edificante con la naturaleza, y la necesidad de orientarla al desarrollo integral. Ello, vinculado con los avances institucionales para la reconstrucción de la educación superior pública, da las bases para un giro en el ámbito investigativo, superando el actual formalismo de indicadores genéricos”, señaló el académico.
Expertos de la casa de estudios plantean que la propuesta de la Convención, considera en sus distintos artículos los deberes del Estado y las garantías para el desarrollo pleno de la investigación en Chile, buscando atender los desafíos que presenta esta labor.
Entre los retos que enfrenta la investigación actualmente en el país, se encuentra el enfoque monodisciplinar. Para Julián Cortés, abogado de la Universidad de Chile y coordinador de Docencia en la Red de Pobreza Energética (RedPE), “existe un problema metodológico en cómo se plantean los proyectos de investigación y en cómo se generan los centros de investigación. No hemos generado los marcos adecuados para avanzar hacia caminos más interdisciplinarios o transdisciplinarios incluso”.
“Si uno cree o entiende que la sociedad actual es un sistema complejo y tenemos problemas complejos, se tienen que plantear los problemas desde esta complejidad. Y eso implica trascender un poco los marcos disciplinarios y generar los canales para que de alguna manera entre distintos especialistas tengamos un lenguaje común para abarcarlo de una manera más amplia”, agregó el especialista.
PROTECCIÓN Y LIBERTAD PARA INVESTIGAR
La subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y miembro del comité directivo del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones, Dra. Lorena Rodríguez, indicó que entre los desafíos que enfrenta la investigación en el país se encuentran el de incidir en la gestión de políticas públicas y la de vincularse con el medio y las comunidades para entender y abarcar de forma íntegra las problemáticas.
“Comprender cuales son las barreras desde quienes las viven es completamente distinto a pensarlo ‘entre cuatro paredes’. Entonces, como desafío en la investigación, por una parte, vincularnos con la población, con las comunidades, con sus problemas y cómo los viven. Y, por otra parte, que los resultados de las investigaciones estén pensados en incidir en las políticas públicas y generar nuevas aristas de investigación”, finalizó.
A grandes rasgos, la nueva constitución plantea la protección y garantiza la libertad de investigación, considerando esta labor como una de las principales de las instituciones de educación superior, junto con la docencia. A su vez, el texto propone que el Estado cuenta con el deber de “estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento”, esto con el fin de conseguir un enriquecimiento cultural y mejorar las condiciones de vida de todos.
De esta manera, la propuesta también incluye la tarea del Estado de generar de manera independiente y descentralizada las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria.
Al respecto, Lorena Rodríguez indicó que la propuesta “es un gran avance para el desarrollo de la investigación” al establecer estos parámetros. Además, señaló la importancia de plantearlo como un trabajo colaborativo y transdisciplinar.
“Esto no es como que la academia tiene todas las respuestas, sino que es un actor más en el desarrollo de las respuestas en conjunto con toda la sociedad y con el intercambio de saberes. (…) Uno de los roles importantes de la academia es la vinculación con el medio y creo que hay que darle mucha fortaleza para cumplir roles docentes y de investigación. No son roles independientes”, concluyó Rodríguez.