Gobernadora Andrea Macías rebajó sanciones a funcionarios involucrados en caso Central Gaviota

Contraloría General de la República en Aysén concluyó un sumario proponiendo la destitución de 3 profesionales, sin embargo, la autoridad regional optó por aplicar solo suspensión de funciones y disminución en las remuneraciones.

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Las últimas 2 semanas fueron intensas en acciones desde el gremio de los funcionarios del Gobierno Regional de Aysén (GORE) ante la propuesta de Contraloría a la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma para sancionar con la destitución a 3 profesionales por una serie de irregularidades administrativas del proyecto “Construcción Microcentral Hidroeléctrica Puerto Gaviota”, financiada en el año 2016 con recursos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze). También el Consejo Regional con sus 14 integrantes recién asumidos, adhirió a la defensa unánime de los cuestionados profesionales involucrados para evitar la sanción de destitución y, esta semana, se hizo parte la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (Fenagore) en la zona con sus representantes apoyando la tesis que la gravedad de la situación no amerita las desvinculaciones, al ser solo de orden administrativo.

He decidido acoger parcialmente la propuesta de la Contraloría, ponderando de una mejor forma las sanciones, las cuales fueron rebajadas en virtud de lo analizado”, informó la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías.

Desde su cuenta de Facebook personal y mientras se encuentra en cuarentena por su condición de contagio COVID-19, la autoridad comunicó en un video que no aplicaría destitución a ningún profesional como lo propuso Contraloría en su investigación.

En tanto, los funcionarios involucrados en el sumario, entre ellos el excandidato a diputado y convencional constituyente, Julio Ñanco Antilef (RD), fueron notificados este jueves, y Andrea Macías argumentó que llegó a la convicción de esta rebaja de sanciones “en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho analizados acuciosamente por nuestra Unidad Jurídica, a la ausencia de faltas a la probidad y que la obra en cuestión se encuentra en funcionamiento, con una evaluación positiva por parte de la comunidad”.

A principios del mes de febrero el órgano contralor -tras una investigación sumaria- evacuó un informe en el que determinó responsabilidades administrativas a 9 funcionarios del GORE, y recomendó la destitución de 3 de ellos, mientras para otros propuso suspensión de funciones y rebaja de remuneraciones. Y es que Contraloría estableció que hubo problemas estructurales en instalaciones eléctricas de viviendas, pagos duplicados por cerca de $20 millones y trabajos pagados por el Gobierno Regional, pero no ejecutados por la empresa.

Lo anterior terminó incrementando el costo original de inversión de $1.600 millones de los recursos regionales, a cerca de $2 mil millones, quedando la obra igualmente mal ejecutada, pues el estanque que abastece a la turbina no permitía que funcionara a más de un 40% de su capacidad total. Sobre ello, además en febrero, el expresidente del comité eléctrico de Puerto Gaviota, Nelson Vargas, se quejó que “la central se encuentra parada, porque la empresa construyó dentro de una estructura que tenía el cura Antonio Ronchi con más de 25 años de antigüedad, por lo que la construcción se comenzó a quebrar».

En mayo del año 2018, Andrea Macías como consejera regional visitó las anunciando la etapa final de las instalaciones para en el mes de septiembre de ese mismo año entregar el proyecto y su puesta en marcha a la comunidad que beneficiaría a unas 65 familias. A esa fecha, los trabajos de la microcentral ya habían duplicado el monto, aprobado inicialmente por el CORE, cercano a los $800 millones.

NO HAY DESTITUCIÓN, SÍ REESTRUCTURACIÓN

Hoy, la gobernadora de Aysén, definió en la misma línea emprender medidas para mejorar el panorama administrativo y de esa manera controlar mejor la correcta ejecución de proyectos que financia el GORE Aysén.

En primer término señaló que “hemos tomado la decisión de reestructurar la Unidad de Auditoría Interna, que revisará los procesos de nuestro Gobierno Regional, cuyas funciones no han sido actualizadas desde el año 1997”.

Agregó que resolvió poner en tabla para el próximo 31 de marzo, en la sesión plenaria ordinaria del Consejo Regional, los requisitos que serán necesarios para la contratación del nuevo jefe o jefa de la Unidad de Control, que hasta ahora no existe en el servicio regional.

Finalmente, anunció que reasignará funciones y tareas a las y los funcionarios del Gobierno Regional.