Entre los vehículos involucrados se incluyen camionetas, station wagon y hasta un minibus, todos usados y de distintas marcas. El monto de lo defraudado bordearía los $25 millones.

La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó este sábado una investigación por apropiación indebida y estafa residual en contra de Marcelo Antonio Oporto Novoa de 46 años, propietario de la ex compraventa “Oporto” ubicada anteriormente en calle Ogana de Coyhaique.

El imputado tenía una orden de detención pendiente desde 18 de octubre del 2012 y fue detenido por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Coyhaique.

 

PELIGRO DE FUGA

La formalización, según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Alvaro Sanhueza Tasso, había intentado hacerse hace 1 año y 4 meses, sin embargo el imputado no había sido encontrado, por lo cual se dictó una orden de detención en su contra.

A la audiencia de formalización acudió la abogada asistente María Inés Núñez, quien solicitó la prisión preventiva del imputado por el peligro de fuga existente y la seguridad de la sociedad, medida cautelar que fue acogida por el juez Mario Devaud Ojeda.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Alvaro Sanhueza, el imputado fue formalizado por 8 delitos cometidos entre los años 2011 y 2012, los cuales afectaron no sólo a los propietarios sino también a los compradores de los vehículos.

FORMA DE OPERAR

Básicamente el modus operandi del detenido consistió en recibir automóviles para su comercialización a terceros, pero tras la venta de cada uno de los 8 vehículos, Marcelo Oporto Novoa no entregó el monto que correspondía a quienes eran los propietarios. Tampoco los nuevos dueños han podido efectuar la transferencia respectiva en el Registro Civil.

Entre los vehículos involucrados se incluyen camionetas, station wagon y hasta un minibus, todos usados y de distintas marcas. El monto de lo defraudado bordearía los $25 millones.

Una de las posibles salidas alternativas para este caso podría ser, por el tipo de delito, un acuerdo reparatorio entre el imputado y las víctimas, debido a que Marcelo Oporto Novoa no posee antecedentes penales anteriores, sin embargo este punto se analizará durante el transcurso de la investigación, cuyo plazo de término fue fijado en 45 días por el Juzgado de Garantía.

“La ley habilita llegar a un acuerdo reparatorio con el imputado (…), en tanto el imputado acepte las condiciones que pongan las víctimas que, me imagino, será tratar de recuperar su dinero”, añadió el fiscal Sanhueza.