EXCLUSIVO: Revise el Informe Preliminar de la Comisión Investigadora sobre HidroAysén

20 enero, 2012 administrador

EPD Noticias tuvo acceso exclusivo al documento que se dará oficialmente a conocer en los próximos días y que cuestiona la tramitación ambiental que ha seguido hasta ahora el proyecto HidroAysén.

Tras concluir su investigación, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que recibió doiversos antecdenetes y testimonios durante 2011 para establecer si hubo o no irregularidades en la tramitación legal del proyecto HidroAysén, evacuó un informe de 20 páginas que contiene un amplio cúmulo de información, que según esta instancia, demostrarían irregularidades administrativas y de procedimientos contemplados en la Constitución Política del Estado, en diversas normas jurídicas y vinculadas a convenios internacionales suscritos por el gobierno de Chile.

El informe -al cual EPD Noticias tuvo acceso- fue aprobado el pasado miércoles 18 de enero, por los diputados Cristina Girardi (PPD), Sergio Ojeda (DC), Enrique Accorsi (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Gabriel Asencio (DC), Hugo Gutiérrez (PC) y Fidel Espinoza (PS), mientras que Cristián Letelier (UDI) y Joel Rosales (UDI) votaron en contra.

Ahora resta que el Informe Preliminar Comisión Investigadora sobre HidroAysén sea puesto en tabla para ser sometido a su aprobación o rechazo por el pleno de la Cámara Baja.

CONCLUSIONES FINALES

Entre las conclusiones que consolida el informe de la Comisión Investigadora señala que «El Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, vigente a la fecha, adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permitirían que, efectivamente, megaproyectos, como el de HidroAysén, no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican».

Agrega que «el Gobiermo anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones».

Explica que «HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto; etc.) Se requiere que este “lobby” esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos en trámite».

Y finalmente, entre otros elementos, concluye que «el conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía están sin sanción alguna».