Agrupación DDHH valoró con cautela informe del Ejército que condena actuar en los últimos 50 años

“Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, es el documento en que la institución repudia las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990).


Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp 
Periodista

La última cuenta pública del Ejército, quedará especialmente en la retina histórica. No solo por ser utilizada por el general Ricardo Martínez Menanteau para verter apreciaciones políticas sobre la contingencia judicial que le afecta personalmente y a toda la institución -pese a que la ley obliga un carácter subordinado al poder civil, profesional, jerarquizado, no deliberante y obediente- sino porque además, en el acto, informó su renuncia a la comandancia en jefe, a una semana de entregar formalmente la institución a su sucesor, y a 24 horas de tener que declarar -como inculpado- por casos de corrupción ante la justicia militar.

Pero eso no es todo. Al día siguiente de la renuncia de Ricardo Martínez, el Ejército publicó en su web institucional el documento “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, que ante la intempestiva salida del hoy general en retiro, no alcanzó a presentar en propiedad, no obstante, tiene su impronta personal en las líneas finales.

El archivo pdf, fechado el 28 de febrero de 2022 y que fue dado a conocer este 3 de marzo, está dividido en 8 capítulos y contiene 120 páginas. En términos generales, a través del informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, la institución castrense repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte y, junto con ello, los obstáculos y cuestionamientos a los esfuerzos por lograr verdad, justicia y reparación durante el regreso de la democracia.

PINOCHET, LA CIA, LA DINA, ASESINATOS Y DESAPARICIONES

Definido como un trabajo de “análisis crítico”, el documento asienta de manera inédita a nivel institucional situaciones como el reconocimiento de la activa colaboración de la CIA, en el asesinato del General René Schneider, así como de la extrema derecha y de militares como el general Camilo Valenzuela.

1976: Pinochet junto a Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Richard Nixon (EEUU), a cargo de la política exterior de EEUU, y según documentos desclasificados por Washington, considerado el “arquitecto” de los planes norteamericanos contra Allende y soporte para la instalación de la dictadura en Chile.

También establece que el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Palermo, Argentina, en 1974, fue efectuado por la DINA con colaboración de militares. En ello, se sostiene que “las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales», a lo que se agrega «es injusto atribuir al Ejército en su conjunto, la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales».

Sobre la denominada “Caravana de la Muerte” señala que fue un operativo militar planificado, centralmente por Augusto Pinochet, para amedrentar a la población civil y a los oficiales del Ejército «blandos» que no estaban reprimiendo al pueblo en 1973. Es así como condena estos fusilamientos remarcándolos como un hecho que «afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados”.

En este sentido, señala que “las acciones del general (Sergio) Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos«.

 Otro aspecto señalado es que reconoce oficialmente que los jefes de guarniciones militares, que ejecutaron prisioneros de la dictadura, procedieron a desaparecer los cuerpos en una acción que fue conocida con posterioridad como “Operación Retiro de Televisores”.

  El documento también analiza la permanencia de Pinochet como comandante en Jefe de la institución, después de su salida de La Moneda, lo cual no colaboró con investigaciones como el Informe Rettig.

REPUDIO A LAS TORTURAS Y TUCAPEL JIMÉNEZ

En la página 52 del informe, se señala que “si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944. Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”.

El general chileno Sergio Arellano Stark, uno de los edecanes del dictador Augusto Pinochet y comandante de la tétrica “Caravana de la Muerte”, que en 1973, asesinó al menos a 75 presos políticos en 2 semanas.

Agrega la página 54, que “es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos. También merecen el más enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época. Los tribunales de justicia comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982 y del químico Eugenio Berríos, en noviembre de 1992”.

La Región de Aysén, en tanto, es brevemente mencionada en el marco de las acciones realizadas por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), enfocadas a desarrollar obras de conectividad especialmente en la zona sur austral.

 “Entre sus trabajos más importantes se encuentran las obras viales ejecutadas en Chiloé insular y continental, los trabajos de vialidad que finalizaron el año 1965 con la construcción del camino Alto Palena-Puerto Ramírez, la construcción de la Carretera Longitudinal Austral, iniciada el año 1976 debido a la necesidad de establecer una vía de comunicación e integrar al desarrollo nacional a la provincia de Llanquihue, Palena y la región de Aysén; crear nuevas fuentes de trabajo; establecer bases sólidas para el desarrollo social; fundar nuevos centros poblados; fortalecer los existentes, y reafirmar la soberanía nacional, evitando recurrir a servidumbres extranjeras y poniendo término a las fronteras interiores” (página 76).

Adicionalmente, consigna en la página 77, que “de igual manera, fue relevante el accionar institucional en los trabajos posteriores a la erupción del volcán Hudson, en la región de Aysén en 1991 y del volcán Chaitén, en la región de Los Lagos en 2008, despejando caminos y encauzando ríos”.

“¿DÓNDE ESTÁN?, ¿DÓNDE ESTÁN?”

 Las organizaciones que representan a víctimas de la dictadura, a nivel nacional y regional, si bien se valoran la “reflexión”, han tomado cautela de lo expuesto y ven como un intento incompleto esta acción comunicacional, que por estos días se combina con la situación que afecta no solo al renunciando comandante en jefe, sino a otros 3 antecesores procesados por actos de corrupción, como son Óscar Izurieta Ferrer, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, y Humberto Oviedo Arriagada.

María Vera Vera, presidenta Agrupación DDHH Coyhaique

Consultada por EPD Noticias, la presidenta de la Agrupación de DDHH de Coyhaique, María Vera Vera, comentó que “es importante que el Ejército chileno, a través de su comandante en jefe -hoy general en retiro Ricardo Martínez- después de 50 años reconozca lo que los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos hemos pregonado por largos años, su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, encabezada por Augusto Pinochet; que sean capaces de reconocer su participación en casos emblemáticos, como los asesinatos de los generales (René) Schneider y general (Carlos) Prats y su esposa, en actos de detención, tortura y asesinato de cientos de chilenos, como fueron el caso ‘Caravana de la Muerte’ o la operación ‘Retiro de televisores’”.

Desde el referente de los derechos humanos en la zona, no se descarta que la acción comunicacional que implica el informe sea un ensayo de “lavado de imagen” institucional, pues en el fondo de lo ocurrido, aún permanecen los “pactos de silencio” inquebrantables entre integrantes del Ejército que poseen información sobre lo que sucedió a miles de chilenos y chilenas víctimas del periodo de Pinochet y sobre los cuales aún  no es posible conocer su paradero, a casi 50 años del golpe militar de 1973.

“Este informe dice que no pretenden justificar errores, ‘errores’ le llaman ellos a las violaciones a los derechos humanos, al asesinato a sus compatriotas, que tampoco buscan proteger a los responsables de estos hechos repudiables, pero que tampoco asumirán como institución una responsabilidad exclusiva, que cargue con el peso de la historia. Éste, es un mensaje claro a la clase política y económica de la época, es decir, a un sector de la DC y de la derecha chilena. Pero al final de esta reflexión, nos preguntamos los familiares, algo muy importante para nosotros y que no aparece ahí, que es el destino final de los detenidos desaparecidos: ¿Dónde están?, ¿dónde están nuestros seres queridos? Nos preguntamos una vez más ¿Dónde están?”, concluyó a EPD Noticias, María Vera, presidenta de la Agrupación de DDHH de Coyhaique.

LUCES Y SOMBRAS EN 50 AÑOS

Pese a que el informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años” no está firmado expresamente por un autor, en la última página, “Palabras Finales”, se advierte que la alocución está en voz del comandante en jefe del Ejército, quien dio un paso al costado el día antes, sin poder presentar como parte de su gestión y en propiedad del cargo, este hito al país, saliendo en medio de severos cuestionamientos a su idoneidad, lo que contrasta en plenitud con los principios y valores que se pretenden restaurar en el documento.

El epílogo del informe señala en la página 120: “Quisiera reiterar que esta ‘reflexión’ representa mi adhesión a los valores y principios fundamentales del Ejército y de la República. Ejercer el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, durante cuatro años, ha sido una distinción que me obliga a asumir el desafío de entregar una mejor institución a las generaciones que nos relevan. Después de mi tránsito de más 46 años por el Ejército de Chile, estoy consciente que pueden haber distintas interpretaciones de lo aquí abordado, pero mi intención ha sido contribuir a partir de esta reflexión, a la siempre difícil tarea de escrutar el pasado, intentando develar las luces y sombras de estos últimos 50 años, que siendo aún recientes, deben ser evaluados para obtener las enseñanzas de lo recorrido y así fortalecer el ethos militar”.

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