Corte Suprema falla contra Universidad de Aysén por desvinculación arbitraria e ilegal de funcionaria

En sentencia unánime la Tercera Sala confirmó la decisión emanada en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.


La Corte Suprema confirmó este martes 18, la sentencia del tribunal de alzada de Coyhaique contra la Universidad de Aysén en orden a invalidar y dejar sin efectos la decisión de la rectora Natacha Pino de desvincular anticipadamente a una funcionaria a contrata el 7 de octubre pasado, calificándolo de “arbitrario” e “ilegal”.

De los antecedentes allegados a los autos, se desprende que el cargo y función desempeñada por la recurrente, luego de su designación a contrata por decreto exento RA N°121418/580/2019, de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, no reviste el carácter de exclusiva confianza, toda vez que dicha calidad sólo puede ser establecida por la Ley, cuyo no es el caso”.

La abogada Ximena Gutiérrez Jaramillo, representante de la funcionaria desvinculada en este caso, comentó a EPD Noticias que este fallo unánime confirmó la decisión anterior de la Ilustre Corte de Apelaciones de Coyhaique, porque defiende un principio laboral fundamental, al establecer que la desvinculación anticipada en este caso es completamente “arbitraria” e “ilegal”

Asimismo, Gutiérrez enfatizó que el interés de su representada por una parte es defender su derecho laboral personal, pero a la vez y por extensión este principio representa y defiende el interés de muchas otras personas y funcionarios que hoy están en similar condición al interior de la misma Universidad de Aysén, incluso con algunos casos –como es de conocimiento público- que también han debido llegar a la justicia.


MÁS CASOS EN CONTRALORÍA Y EN LA JUSTICIA

El caso fallado en el máximo tribunal de país es el primero contra una desvinculación resuelta por la Universidad estatal, pero no es el único.

Actualmente, otros 2 recursos de protección siguen su proceso en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Uno por desvinculación irregular, en diciembre pasado, del encargado de Relaciones Internacionales, Pablo Loayza, y el segundo por alteración en los términos del contrato de la periodista de la casa universitaria estatal, Jeimy Fontecha Jiménez, afectando sus derechos y estabilidad laboral.

Un cuarto caso fue encausado vía Contraloría, organismo que ya se pronunció ante la reclamación de la funcionaria Mariana González Navarro por la disminución de grado sin justificación que también resolvió la rectora Pino.

El organismo fiscalizador ordenó a la Universidad regularizar la situación en favor de la funcionaria.

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