[OPINIÓN] Transparentando los Estudios de Impacto Ambiental en Aysén

 


 

Por Andrés Gillmore A. @veranadas
Poblador de la Cuenca del Lago General Carrera

 

 

El tema de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es un tema muy delicado y no es como las grandes empresas corporativas piensan: que son simplemente una diligencia más que debe realizarse para dejar conforme a la instancia ambiental y en eso está radicado el error de fondo en estos procesos.

Los EIA, son la base de sustentación de cualquier proyecto de desarrollo productivo y deben ser realizados por las empresas nacionales o extranjeras que pretendan desarrollar proyectos de inversión, susceptibles de causar impactos ambientales en los territorios regionales: especificado en el artículo 10 de la ley de Bases de Medio Ambiente 19.300 del año 1994 o por el artículo 2 del DS 95 del año 2001, que contiene el texto coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que las empresas deben respetar. Esta norma especifica que los Estudios de Impacto Ambiental deben ser presentados por el titular y que los contenidos de los estudios presentados son responsabilidad exclusiva del titular que lo presenta.

Se hace más que necesario de acuerdo con los nuevos tiempos y en pleno siglo XXI, que en esta nueva etapa en lo que se refiere al tema de los EIA, se implementen mejoras en las evaluaciones, entendiendo que Aysén debe estar abierto a todo tipo de desarrollos productivos, pero que éstos deben desarrollarse con transparencia y de cara a las comunidades y no en los interiores del gobierno regional, bajo la tutoría incierta de La Moneda».

 

Lo que complica a esta ley, desde el punto de vista territorial, ante los intereses de las comunidades regionales, es que bajo esa base de sustentación como ley de la República, no se le pueden realizar auditorías externas a los EIA presentados por las empresas y las comunidades terminan no teniendo ninguna vinculación con la decisión, a pesar que se está decidiendo el futuro de ellas y no se cuenta con un ítem en la ley, que permita el financiamiento para realizar auditorías externas a lo que presentan las empresas, siendo la única posibilidad para algo así, conseguir que el Consejo Regional apruebe su financiación y para eso es necesario ir por el cuoteo político.

Los examinadores y los evaluadores de los EIA son los seremis regionales y los intendentes(as) que sabemos son “buzones” de La Moneda y por lo tanto las evaluaciones no son realizadas bajo los términos de los intereses regionales, el profesionalismo y la objetividad que se necesita para no incurrir en groseros errores, que terminan desvirtuando la esencia de lo que debe ser una evaluación certera y profesional de un EIA, transformándose en una evaluación de los intereses corporativos de los gobiernos de turno. Así, la decisión de aprobar un EIA se enmarca bajo una disposición poco realista, omitiendo las necesidades de las comunidades intervenidas, bajo un formato de evaluación que en pleno siglo XXI, es una aberración ante la que significa para un territorio regional un EIA mal evaluado.

Lo que se ha desvirtuado totalmente, es que un EIA debe contar con una evaluación social en su proyección de desarrollo también, en temas tan variados como cultura y sustentabilidad productiva; ítems que no están relacionados en estos estudios, que demuestran a cabalidad que existen vacíos que no se consideran al realizar los EIA y por ende son poco representativos y sumamente tendenciosos, con el único objetivo de beneficiar a las empresas obviando los intereses de las comunidades.

Otro tema de gran relevancia, es que por muy buen negocio que pueda ser un proyecto de desarrollo sustentado por un EIA, este debe ser armónico con los intereses de las comunidades que serán intervenidas y muchas veces el valor económico de un territorio es mucho más relevante en el tiempo al dejar que las comunidades sigan implementando sus desarrollos sustentablemente, por muy rentable que pueda ser el proyecto evaluado; que es la gran diferencia entre la forma de hacer entre el siglo XX, donde todo estaba en lo económico; con el siglo XXI, donde el valor económico de una productividad debe su valor a que no altera y contamina el medioambiente territorial y sobre todo en una región de las características de Aysén.

Aysén tiene mucha experiencia en relación con los EIA. Un dictamen que marcó lo que estaba por venir, fue el que se le realizó a la transnacional Anaconda en los años ‘90, con su intención de producir aluminio en la comuna de Puerto Aysén con el proyecto Alumysa. El EIA que presentó en ese entonces Alumysa, ponía énfasis en los trabajos que el proyecto entregaría a la región y el desarrollo comercial que eso traería a la comuna de Puerto Aysén. Escondiendo la destrucción social y ambiental del proyecto.

La batalla fue ardua. Finalmente, el Consejo Regional de Aysén aprobó financiar una auditoría externa al EIA para dirimir el tema en forma profesional y objetiva. Auditoría realizada por la Universidad Católica de Chile, que demostró que el proyecto a pesar de ser comercialmente viable y entregar unos cuantos puestos de trabajo, la destrucción y la contaminación era tan extrema que recomendaba no realizar el proyecto. Y se desechó el proyecto, al demostrarse que el EIA era insuficiente.

 

El EIA que presentó HidroAysén en su momento y el cual me tocó evaluar como secretario y vocero de la Corporación Costa Carrera (agrupación de empresarios turísticos y dueños de predios de la cuenca del lago General Carrera) era a fin de cuentas una hermosa relación del Estado estructural de la Carretera Austral Sur, sus pueblos, puertos, aeródromos e infraestructuras a fines y un precioso estudio antropológico muy sólido por lo demás, que debo reconocer fue un gran aporte sobre los colonos de Cochrane y su desarrollo en la provincia Capitán Prat. Todo en unas 22 mil páginas word. Pero en ningún caso lo que presentó HidroAysén era lo que se espera de un EIA. Que explicase la forma, el fondo y la tecnología de cómo pretendían intervenir los ríos Baker y Pascua para la construcción de 5 represas y omitía como se beneficiaría Aysén, cuáles serían las externalidades negativas para el mundo social relacionado con la intervención y cómo el proyecto se relacionaba con la flora y fauna de la cuenca del Baker. No presentaba posibles soluciones a los efectos negativos de la intervención de la localidad de Cochrane. Además, no reconocía las actividades que desarrollaban las comunidades, cómo se verían perjudicadas y las instancias de resolución y solución, y las posibles indemnizaciones a aquellas actividades de servicios y productivas, que de acuerdo con los planes de negocios se verían afectadas. En el fondo, el EIA que presentó HidroAysén, resaltaba lo positivo (que igual era bien dudoso) y omitía las implicaciones negativas del proyecto en las comunidades y en el territorio, desatendiendo lo que debe significar en sí mismo un EIA serio y profesional, que no es otra cosa que poner sobre la mesa transparentemente los objetivos, la inversión, los rendimientos, la tecnología que aplicará y la forma en cómo se relacionará con las comunidades intervenidas.

Cuando uno analiza la forma y el fondo de la presentación de los proyectos Alumysa e HidroAysén, encontramos denominadores comunes entre ellos. Los más importantes son la manipulación ideológica en la presentación de los EIA a los procesos de evaluación y que ambas intenciones a sabiendas de sus debilidades, tomaron como camino el formato político para dirigir las evaluaciones y una alianza estratégica con algunos miembros del Congreso. Cuando una transnacional presenta un EIA, es sabiendo a ciencia cierta sus fortalezas y debilidades y un EIA presentado insuficientemente no es un error o un mal trabajo, sino una estrategia de llevar adelante la intención sin importar el desastre ambiental y social que eso llevará al territorio.

La minera Los Domos, en mayo próximo presentará su EIA para que sea evaluado por los seremis en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para desarrollar un proyecto minero en la comuna de Chile Chico a orillas del lago General Carrera. Se hace más que necesario de acuerdo con los nuevos tiempos y en pleno siglo XXI, que en esta nueva etapa en lo que se refiere al tema de los EIA, se implementen mejoras en las evaluaciones, entendiendo que Aysén debe estar abierto a todo tipo de desarrollos productivos, pero que éstos deben desarrollarse con transparencia y de cara a las comunidades y no en los interiores del gobierno regional, bajo la tutoría incierta de La Moneda.

Sería de gran relevancia para Aysén y su proyección de futuro, que la presentación del EIA del proyecto minero Los Domos y los que se presentarán en futuras evaluaciones en la comuna de Río Ibáñez, sean presentados en forma transparente y de cara a las comunidades de la cuenca del lago General Carrera, permitiendo que las organizaciones sociales de la comuna de Chile Chico y Río Ibáñez puedan realizarle una auditoría a los EIA y se debata abiertamente en forma técnica y profesional entre las empresas, la comunidad y sus organizaciones el tema técnico de la intención y que las mineras pongan sobre la mesa la forma y el fondo de lo que pretende hacer, transparentando la inversión, la rentabilidad, las condiciones laborales, el impacto ambiental, social y las medidas que pretenden incorporar para no producir efectos ambientales y sociales en la cuenca del lago General Carrera.

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