Harold Gillibrand, secretario regional de Renovación Nacional, se refirió a la ceremonia de reincorporación de ex funcionarios de la Inspección del Trabajo. Indicó que probablemente enviarán los antecedentes a la Contraloría.

El secretario regional de Renovación Nacional de la Región de Aysén, Harold Gillibrand Guerra, calificó como una burla a la objetividad que debe tener el Gobierno y la ANEF frente a los trabajadores, la reincorporación de 2 ex funcionarios a los que no se les renovó el contrato de trabajo, una vez que llegó a su término en la administración anterior.

“Resulta al menos una actitud hipócrita frente a los trabajadores, la del Gobierno y la ANEF, el hecho de reincorporar con una ceremonia en horarios de trabajo, con recursos públicos y seguramente con cóctel, a 2 ex funcionarios de la Inspección del Trabajo, ya que no se procede de la misma forma con funcionarios que siendo despedidos por este Gobierno, ganan recursos judiciales y prueban que sus despidos fueron arbitrarios”, señaló el dirigente político.

 

“Debemos recordar que estos funcionarios reincorporados con tanta pompa nunca fueron exonerados como lo plantea antojadizamente el Gobierno y la ANEF, sino que simplemente NO fueron renovados sus contratos en su oportunidad; sus contratos laborales llegaron a su fin y no se renovaron. Incluso recurrieron a instancias judiciales y éstas no prosperaron porque no tenían sustento, por tanto, plantearlo ahora como casos emblemáticos y simbólicos es faltar a la verdad frente a la comunidad. Aquí debieran reconocer que el único mérito de estos funcionarios para su reincorporación es ser militantes o simpatizantes de los partidos de la Nueva Mayoría, incluso uno de ellos tuvo un sumario interno, por tanto nunca fueron un ejemplo de trabajadores”, indicó Gillibrand.

A LA CONTRALORÍA…

El dirigente de RN planteó además que probablemente enviarán los antecedentes de estas contrataciones a la Contraloría General de la República “ya que este tipo de actos o ceremonias rayan en lo ilegal o al menos en lo éticamente cuestionable; no es posible que por un capricho de las autoridades locales se gaste tiempo y recursos públicos en un acto “político” de recontratación de funcionarios que no tiene ninguna justificación».

Harold Gillibrand concluyó señalando que «a nosotros nos caben varias preguntas; ¿son necesarias estas contrataciones?, ¿es necesario aumentar la dotación de personal en estas reparticiones?, ¿tienen estas personas las capacidades profesionales?, ¿con qué sueldos están siendo recontratados?, ¿quién asumió los gastos y justificación con motivo de esta ceremonia?. Y lo más importante: ¿se llamó a concurso público para llenar estas vacantes?. En fin, creemos que eventualmente podrían existir irregularidades que la Contraloría debiera aclarar”.