Su construcción data del año 1965, no existiendo espacio disponible para una ampliación acorde a los nuevos estándares.

Analizar las actuales condiciones en las que se encuentra la cárcel de Coyhaique y exponer el proyecto de reposición del centro de cumplimiento penitenciario, fue el objetivo de la reunión que sostuvieron autoridades regionales, provinciales y comunales con representantes del Poder Judicial.

Tras la jornada, la seremi de Justicia y encargada de la exposición, Gabriela Retamal, agradeció la invitación y el respaldo de la presidenta de la Corte de Apelaciones, Alicia Araneda, y subrayó la urgencia de contar con una nueva unidad penal.

 

“Dotar a la región de un nuevo centro de cumplimiento penitenciario es una necesidad urgente y un bien común, no solo para los internos, sino que también para los funcionarios que trabajan en el recinto ya que las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas”.

La autoridad regional destacó además el apoyo del Ministerio de Justicia y de la intendenta regional, Ximena Órdenes, enfatizando en la transversalidad política que debe existir en relación a las problemáticas regionales y sus posibles soluciones.

“Existe la voluntad y el respaldo de las autoridades frente a una necesidad de suma urgencia, que requiere de la colaboración de cada uno de nosotros, independiente de las diferencias políticas, ya que todos y todas tenemos un mismo objetivo en común; concretar la construcción de la nueva unidad penal para los hijos de esta comuna, que cometieron un ilícito, pero que merecen la oportunidad de reinsertarse”.

En tanto, el diputado David Sandoval aseguró que “este es un problema que afecta directa e indirectamente a la región y a la comuna. Por lo tanto, nos sumamos a esta iniciativa y a buscar las soluciones que nos permitan terminar con un recinto penitenciario que no resiste más y donde las voluntades que se han sumado, además del trabajo asociado con la Corte de Apelaciones y su presidenta, nos permiten augurar buenos resultados”.

Por su parte, el consejero regional, Miguel Ángel Calisto, afirmó que “la actual situación penitenciaria no es favorable ya que estamos violando los derechos humanos de personas que están recluidas en un lugar que no cumple con las condiciones mínimas.

Calisto añadió que “el trabajo que está realizando la Corte de Apelaciones y la seremi de justicia en torno al problema es serio y responsable, asegurando que desde el Consejo Regional existe la voluntad de contribuir, frente un tema de suma importancia donde las diferencias políticas no cuentan”.

A su vez, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, manifestó que “las condiciones en las que se encuentra la cárcel de Coyhaique no son aptas para los privados de libertad, ni para los funcionarios que se desempeñan en la unidad penal. De este modo, el trabajo mancomunado que estamos desarrollando apunta a que tengamos una infraestructura moderna, que cubra tanto las necesidades de los internos como de las personas que cumplen funciones en el lugar”.