Corte de Apelaciones ordenó a FFEE de Carabineros suspender su actuar en Puerto Aysén

La abogada Viviana Betancourt presentó en 48 horas cerca de medio centenar de recursos de amparo a favor de dirigentes y pobladores que son parte del Movimiento Social por Aysén, también para proteger los derechos de los habitantes de Puerto Aysén e incluso los de las propias Fuerzas Especiales de Carabineros.

 

El pasado viernes, la abogada y ex intendenta de Aysén, Viviana Betancourt, presentó  uno de los 50 recursos de amparo que tramitó  en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la semana pasada. La solicitud fue hecha llegar al tribunal de alzada en horas de la mañana con el objetivo de proteger a la comunidad de Puerto Aysén.

Y es que en el contexto de  las crecientes manifestaciones de los ciudadanos de Puerto Aysén, y ante la presencia y el actuar de los grupos de Fuerzas Especiales de Carabineros, se consideró que el espiral de violencia implica un riesgo inminente para la vida, la integridad  física y psíquica tanto de los puertoayseninos, como de los propios efectivos policiales.

«HACE LUGAR a la orden de no innovar solicitada por el compareciente, debiendo el personal policial que forma parte de las denominadas, Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, suspender su actuar, mientras no se atente contra los bienes privados y públicos en la comuna de Puerto Aysén, ni a la seguridad individual de sus habitantes y no se bloqueen los caminos y rutas que impidan el libre tránsito y desplazamiento de las personas», señala en su fallo la Corte de Apelaciones de Coyhaique, fechado el viernes 16 de marzo .

En esta acción la abogada Bentacourt trabajó junto a su colega Pablo Villar, de la oficina de Nelson Caucoto, otro de los defensores legales que está a disposición de los 22 perseguidos por el Gobierno a través de la Ley de Seguridad del Estado en Puerto Aysén.

Sin embargo, la ex intendenta comenzó su periplo de presentación de recursos de amparo el jueves pasado cuando llegó, en horas de la mañana, a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ubicada en avenida Baquedano. Allí junto a dirigentes de los trabajadores del sector público y de la CUT, denunció que 4 dirigentas de la Mesa de Negociación había sido «sitiadas» por la policía uniformada la noche anterior, siendo atacadas durante la madrugada mientras permanecían en la vivienda de Rosa Navarro, presidenta de la Unión Comunal de Puerto Aysén. El domicilio fue agredido con bombas lacrimógenas y piedras, hasta que las mujeres fueron rescatadas horas más tardes por los mismos pobladores de la Pedro Aguirre Cerda.

Junto a Rosa Navarro, se encontraban Sandra Planzer, Marjorie Aravena y Jenny Reihuán todas integrantes de los 24 dirigentes de la Mesa Social por Aysén.

«Ante el inminente fracaso de las conversaciones que la Mesa Negociadora llevaba adelante con el Gobierno y la tantas veces insinuada aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, los abogados vinculados al desarrollo del conflicto decidieron instalar un equipo de diversa y amplia conformación, hacia el cual verter y en donde reunir todos los esfuerzos, capacidades y competencias con el fin de proteger jurídicamente a los manifestantes», comenta Viviana Betancourt.

El recurso interpuesto el jueves junto al abogado Cristián Díaz fue aceptado a tramitación por la Corte de Apelaciones, la que otorgó un plazo perentorio de 24 horas a los recurridos (Ministerio del Interior y policías) para informar al Tribunal, debiendo oírse los alegatos respectivos este lunes 19.

CORTE ACOGIÓ ORDEN DE NO INNOVAR 

Pero el efecto más potente en lo que ha sido la «judicialización» de este conflicto, vía que inició el Gobierno con la presentación de querellas por LSE contra 22 personas en tribunales de Puerto Aysén, fue la interposición de sendos recursos a favor de la población de Puerto Aysén y de los propios efectivos de FF.EE. que se encontraban operando en la ciudad.

Betancourt solicitó a la Corte, que Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior ordenaran la inmediata salida de sus efectivos de la ciudad, en atención a la peligrosidad creciente y violenta que experimentaban los enfrentamientos entre pobladores y carabineros, lo que podía desembocar en resultados trágicos para unos y otros, pues finalmente el Movimiento sería criminalizado por todo lo que ocurriera, pese a que el origen fuera el accionar abusivo de los efectivos y su exposición irresponsable dada la proporción de fuerzas.

«Este recurso incluía una solicitud de orden de no innovar que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, oficiándose urgentemente a los recurridos (Interior y Carabineros) para que Fuerzas Especiales suspenda su actuar, mientras no se atente contra los bienes privados y públicos en la comuna de Puerto Aysén, ni a la seguridad individual de sus habitantes y no se bloqueen los caminos y rutas que impidan el libre tránsito y desplazamiento de las personas”, explicó a EPD Noticias, Viviana Betancourt.

Paralelamente, y tras el anuncio del Gobierno la noche del jueves de aplicar la LSE, la abogada Betancourt patrocinó, además, un Recurso de Amparo Preventivo en favor de cada uno de los integrantes de la Mesa de Negociación.

 

Publicado por Claudio Díaz Peña. / Fuente:n EPD Noticias

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