Martes 30 de agosto 2011: Columna de Claudio Díaz P.
¿Y la responsabilidad política?
Por Claudio Díaz Peña
cdiaz@elpatagondomingo.cl
En enero de este año, el ministro del Interior kuwaití, el jeque Yaber Jalid al Sabah, dimitió de su cargo por la muerte de un detenido a manos de agentes de policía. El ministro del Interior del país árabe, en un principio señaló que el ciudadano había fallecido en un hospital, tras sentir un dolor en el pecho al resistirse a ser detenido por los agentes policiales de Kuwait. Pero posteriormente, el propio Ministerio del Interior aclaró que la persona murió por las torturas que recibió de la policía.
A principios de este mes, y ante lo que se consideró las actuaciones policiales de represión más brutales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pública, los ciudadanos de Madrid exigieron -vía carta- la dimisión del Ministro del Interior, Antonio Camacho Vizcaíno.
En ambos casos, se demuestra que la responsabilidad política está instalada en el alma de la democracia. Claro, porque la responsabilidad política afecta a todos quienes ocupan algún cargo público, y no solamente a quienes detentan cargos de elección popular como el Presidente de la República, o los congresistas. También los cargos de designación política están en el escarnio, y deben responder por la forma en que conducen los asuntos públicos, es decir, se suma a los poderes legislativo y ejecutivo, la responsabilidad política de intendentes, subsecretarios, ministros, e incluso hasta los representantes del poder judicial, aunque su función originalmente no es de una naturaleza primariamente política.
El caso del joven de 16 años, Manuel Gutiérrez Reinoso, quien falleció la madrugada del jueves pasado al recibir una bala perdida, en medio de una noche de movilizaciones, cacerolazos y barricadas, puso ‘al rojo’ no sólo la responsabilidad penal que le cabe al suboficial de carabineros, Miguel Millacura Cárcamo, el responsable de la muerte del joven de Macul, luego que disparara al aire con una subametralladora UZI.
Hoy el caso se amplió a la responsabilidad política que se desprende, tras 6 días de cerrada defensa institucional desde el gobierno y Carabineros, donde incluso inicialmente se negó una investigación sobre el hecho. Ayer, el propio gobierno pidió la baja del general Sergio Gajardo Oelckers, segundo jefe de la zona metropolitana, por estos yerros institucionales, y el General Director conluyó el día con 9 uniformados dados de baja, incluyendo 4 oficiales.
En una democracia, la opinión pública tiene la libertad de valorar críticamente los asuntos públicos. Y precisamente, la responsabilidad política es un instrumento que surge, históricamente, para evitar que frente al abuso del poder no solo tenga cabida la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad política aplica sobre el mal uso de un poder, y se basa en “cualquier utilización del poder que, aunque autorizada por la ley, resulte perniciosa para la nación o vejatoria para los ciudadanos (Benjamin Constant, 1767-1830)».
A diferencia de la responsabilidad penal, que tiene sus tiempos y procedimientos propios en Tribunales, la responsabilidad política tiene un carácter inmediato. Y la resultante última es la dimisión de la autoridad.
Y es que la responsabilidad política no implica que existan conductas ilícitas en la autoridad cuestionada, sino que incluso actuando dentro de lo legal, se apela a que la autoridad debe actuar con oportunidad, con claridad y con transparencia. Remover a la autoridad es el castigo por una conducta errónea o, más bien, fracasada, por errores en la gestión propia, o de los subordinados, se conozcan o no. Cuestión muy relevante, porque si el desconocer un hecho o información bastara para anular la responsabilidad política, entonces un inepto en un cargo público, que nunca se enterase de nada, nunca sería responsable. Por tanto, si Carabineros hoy depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es bastante claro quién debe asumir la responsabilidad política de la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso.
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