Ex funcionaria de Gobierno denunció que se le solicitó corregir “adenda no oficial” de HidroAysén

La arqueóloga Camila Arancibia, quien trabajaba en Monumentos Nacionales entregó antecedentes ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que darían cuenta de un irregular procedimiento que buscaba que la respuesta de la empresa tuviera la menor cantidad de reparos por parte del servicio.

COYHAIQUE (jueves 11 de agosto 2011).- Una adenda “no oficial” previa -en papel y formato digital- fue la que se entregó en 2010 a los profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para su corrección y posterior devolución a la empresa, todo como parte de un irregular proceso de evaluación del proyecto HidroAysén, según denunció esta semana ante la de Comisión de Derechos Humanos constituida en Investigadora sobre la tramitación de este proyecto la ex funcionaria de dicho servicio Camila Arancibia.

La profesional, quien se desempeñó en el área arqueología del CMN entre 2009 y 2010, y tenía dentro de sus funciones la evaluación ambiental, informó que el año pasado, en el contexto del análisis de la segunda adenda del controvertido proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Medioambiente citó a los funcionarios del servicio a una reunión en Santiago donde se les informó de tal procedimiento, luego de lo cual el documento corregido sería entregado a la empresa para que pudiera ingresar ya en forma oficial y mediante el sistema electrónico el texto definitivo, lo cual ocurrió el 20 de octubre de 2010.

Sus declaraciones, hechas el lunes en una nueva sesión de la comisión, se suman a las denuncias que diversos funcionarios de los ministerios de Vivienda y Planificación, la Corporación Nacional Forestal, y el Servicio Nacional de Geología y Minería, han realizado con relación a situaciones que podrían constituir ilícitos con el fin de aprobar HidroAysén.  Además han salido a la luz antecedentes sobre conflictos de interés de autoridades evaluadoras que no se abstuvieron de emitir pronunciamientos según establece la ley, como los casos del seremi de Vivienda Nicolás Terrazas y del alcalde de Coyhaique Omar Muñoz.

Sobre la forma en que se llevó a cabo la operación, Camila Arancibia explicó que previo al ingreso del adenda 2 “nos citan a una reunión por parte de Conama y nos comentan que se va a realizar un ingreso vía papel y digital previo a que el proyecto ingrese electrónicamente al proceso de evaluación, esto con el fin de que el consejo pudiera revisarlo con anterioridad al ingreso al sistema”.    Esta situación no era común que se relizara, siendo calificado por la funcionaria como una “anomalía del procedimiento, la de estar haciendo una revisión doble”.

Al respecto, el diputado PPD Enrique Accorsi expresó que “esto es alterar un procedimiento que ya está establecido, eso es lo que en el fondo se hace acá, nos estamos adelantando al proceso.  Creo que en estos procesos de evaluación ambiental hay que respetar los tiempos sino tendríamos a todas las empresas apurando las evaluaciones y ése no es el espíritu de la ley”.

RIESGOS SANITARIOS

A la sesión también concurrió el seremi de Salud, Claudio Vallejos, quien en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental del 9 de mayo primero se abstuvo y luego rechazó.  Sobre el trabajo desarrollado por su repartición expresó que “los profesionales estuvieron abocados a entregar al sistema de impacto ambiental las observaciones con respecto al impacto humano, lo que podría significar el aumento de una masa de trabajo a un lugar en donde significaba duplicar la población existente”.   En este sentido explicó que las conclusiones del ministerio de Salud fueron que “faltaba que el titular se refiriera sobre los indicadores de aumento de enfermedades sexuales e incremento del consumo de alcohol, es decir, la influencia de estos trabajadores en los pobladores de la zona”. Esto derivó en que, en primer lugar, se abstuviera, pero luego de que se le explicara que las únicas alternativas eran aprobar o rechazar, rechazó.

Dentro de los aspectos que el ministerio de Salud observó están que el estudio de impacto ambiental no se hizo cargo de responder a la solicitud de establecer indicadores de monitoreo para conocer la incidencia de infecciones de transmisión sexual y eventos de violencia y/o accidentes asociados al consumo de alcohol en la población de trabajadores del proyecto.   Esto, considerando que se contempla duplicar la población en el área de influencia directa en el año 5 (de unas 4 mil personas a más de 10 mil), aumentar considerablemente el índice de masculinidad por absorción de mano de obra principalmente en hombres, y aumentar la demanda de bienes y servicios que tensionarán la oferta instalada en el área de influencia directa.

A la comisión también concurrió la intendenta Pilar Cuevas, quien al no estar citada para esta ocasión sólo pudo entregar un saludo a su miembros.  Se espera que la autoridad regional concurra a la sesión que próximamente los diputados debieran sostener en Coyhaique.


Fuente: Comunicaciones Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida

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