En Coyhaique, padres solicitaron revisar procedimientos en detención de menores de edad

En carta dirigida al fiscal regional Pedro Salgado, los apoderados dan cuenta de poca preocupación de fiscales en determinar si el actuar de Carabineros de ha ajustado a la legalidad o no, durante movilizaciones en rechazo a represas y en apoyo a demandas estudiantiles.

COYHAIQUE (jueves 11 de agosto 2011).- Un reclamo formal por los procedimientos que ha adoptado en el último tiempo el Ministerio Público en el contexto de las movilizaciones sociales en Coyhaique en rechazo a las represas en Aysén y en adhesión a las demandas estudiantiles, hizo un grupo de padres de jóvenes detenidos durante las protestas del viernes 5 de agosto en la capital regional.   Denunciaron la falta de preocupación que han mostrado los fiscales en determinar la pertinencia de las detenciones, muchas de las cuales han sido declaradas posteriormente ilegales por los jueces de Garantía, y el desinterés en investigar posibles abusos policiales a los cuales estarían siendo sometidos los detenidos.

Los padres solicitaron que cumpla con mandato legal del organismo, que es “investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen”.

Miriam Chible y Bruno Díaz, en representación de sus hijos, y César Ñancul, en nombre propio, ingresaron este martes una carta dirigida al fiscal regional Pedro Salgado, con la cual esperan se realice una investigación y se revisen los procedimientos del organismo.

En especial cuestionan que luego que un grupo de tres adultos y 5 menores de edad fueran llevados hasta la Comisaría de Coyhaique el pasado viernes, el fiscal Patricio Jory no concurriera hasta el lugar “para evaluar objetivamente los fundamentos por los cuales se había privado de libertad al grupo… más aún dictaminó telefónicamente que se mantuviera tal condición de privación de libertad hasta la audiencia de control de detención frente al juzgado de Garantía al día siguiente, reteniéndolos más de 14 horas en poder de la policía”.

En su opinión esta actitud iría en contra de lo que señala la norma que rige al Ministerio Público, que en su artículo tercero establece que los fiscales deben adecuar sus actos “de acuerdo a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley”, agregando que “deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen”.

Señalan los requirentes que durante esa noche la defensora penal pública informó al fiscal la ilegalidad de las detenciones y incluían a menores de edad, pero el funcionario en ningún momento se mostró dispuesto a corroborar tal situación, determinando la privación de libertad del grupo durante toda la noche “sin siquiera escuchar la versión de los detenidos”.

Más aún, a pesar de declarar la jueza Cecilia Urbina la ilegalidad de la detención y que se exhibieran pruebas que daban cuenta de que no hubo delito alguno cometido, Jory “insistió en formalizar a este grupo por un hecho inexistente, con lo cual ocasiona que el Estado incurra en innecesarios gastos en recursos profesionales y económicos, inconsistente con la demanda del propio Ministerio Público de terminar con una judicialización innecesaria. Además, se perjudica social y económicamente a los imputados y a todo su grupo familiar al ser sometidos a una investigación que desde un inicio se aprecia que carece de sustento”.

Concluyen su misiva señalando que “a la luz de las últimas actuaciones del Ministerio Público en relación a las movilizaciones sociales vemos con preocupación cómo este organismo, que por mandato legal debe ser autónomo y objetivo, está respondiendo casi de manera extremadamente concordante con los criterios políticos, que buscan la criminalización de la protestas social, del Gobierno actual.  Esto, creemos, representa una situación grave”.

El abogado Marcelo Rodríguez, quien apoyó la presentación de la carta y asumió la defensa de los menores (tanto ante el juzgado de Garantía como ante la Fiscalía Militar, que deberá investigar las agresiones denunciadas en la audiencia) expresó que ésta “es una acción administrativa para que el Fiscal Regional investigue estas acusaciones, en atención a que es preocupante que se trate de criminalizar la protesta social.  Entendemos de alguna forma que la Fiscalía del Ministerio Público estaría actuando al margen de la legalidad al acusar a personas que no han cometido delito alguno, de hechos que según ellos podrían tener gravedad pero que si uno analiza las situaciones carecen absolutamente de gravedad alguna”.

Agregó que así se “está aumentando artificialmente la cantidad de causas que se tramitan en la Fiscalía del Ministerio Público y con ello vulnerando muchos derechos, de todas estas personas detenidas…  Es por eso que necesitamos que el Fiscal Regional inicie una investigación que determine si existen o no responsabilidades administrativas a este respecto”.

César Ñancul expresó sobre el procedimiento aplicado por Carabineros que “fue una detención totalmente ilegal, toda vez que nosotros estábamos en la vereda.  En el momento que llegó Carabineros se bajaron, no hablaron con nadie, no dijeron que nos retiráramos sino inmediatamente comenzaron a detener”.

Fuente: Patricio Segura, Periodista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *