Crónica “Después D” – Viernes 1 de Abril de 2011

De lo legal a lo ético

Por Jorge Díaz Guzmán

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Una de las críticas más reiterativas, que se hacía al sistema de asignación de cargos directivos en las administraciones de gobiernos anteriores, fue la influencia de los partidos políticos en las decisiones del Ejecutivo. Ministros, embajadores, intendentes y sus equipos, se conformaban con la influencia de quienes constituían la base de apoyo político de la Concertación, muchas veces, a través de negociaciones más allá de lo razonable.

Esa práctica que se institucionalizó, habitualmente impedía que ciertos roles recayeran en personas que no lograban consensos y que generaban más conflictos, los que siempre se soslayaban a través del diálogo político.

Hoy, cuando la Alianza se ve en medio de un conflicto mayor, a propósito de una designación de un cargo menor en la administración del Estado, parece desproporcionada la intervención de los máximos dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno. Es como usar una bazuca en una camotera.

El impasse provocado por un jefe de gobierno regional, tiene a los presidentes de los partidos gobernantes en una guerra de declaraciones, al Presidente de la República atado de manos y al Congreso preocupado de una acusación constitucional, una instancia a la que debería recurrirse en circunstancias excepcionales. Lo lamentable es,  que pareciera no haber cordura entre las partes y  tiene a toda la clase política  involucrada en un conflicto, que lo debiera resolver el propio jefe de gobierno.

Los intendentes son funcionarios de confianza del Ejecutivo, los nombra y remueve sólo el Presidente de la República. Eso en teoría, y queda demostrado con el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, y su permanencia en el cargo, sostenida hoy por su partido, la UDI, mientras se espera la decisión del Congreso Nacional, primero de la Cámara Baja y luego del Senado, que actúa como jurado, y todo porque la jefa del gobierno de la Región del Bío Bío,  habría faltado a la verdad en la argumentación para otrogar ciertos beneficios estatales.

En este contexto, el destacado filósofo chileno Agustín Squella, reflexiona respecto de las éticas aplicadas, donde claramente ésta se relativiza cuando se subordina a un interés distinto del colectivo. Y en este caso, se ha dañado la fe pública, respecto del rol y comportamiento de un jefe de gobierno, aunque sea regional. Es evidente que aquí se está colocando el interés político -que es legítimo defender en el campo de las ideas y la conservación del poder-, por sobre los intereses que, precisamente, su rol le asigna, que es el bien común.

Al final del día, pareciera que el modelo de conducta que se promueve ante la ciudadanía, es que para desenvolvernos en nuestras actividades y funciones pongamos siempre por delante el interés propio, el provecho particular, la ventaja personal, y que basta que nuestros actos estén dentro de lo legal, para que sean correctos… la ética, no cuenta.

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