Consejero Juan Alvarez habla sobre la nueva institucionalidad ambiental

Por Jorge Díaz Guzmán

 

   Chile quiere ser reconocido como un país moderno, que transita hacia el desarrollo económico y social. En el transcurso de los últimos 20 años ha dado pasos importantes en esa dirección y es reconocido como líder en América Latina, así lo señala el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recientemente, como país fuimos invitados a integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sin embargo, existen diversas normas y acuerdos internacionales que Chile no ha suscrito o que los ha reconocido, pero que no ha cumplido a cabalidad. Todo ello, nos aleja de ese estadio. Entre los temas que se cuestionan por parte de algunos foros internacionales son los estándares medioambientales y la huella del carbono.

   Y es que el debate ambiental en Chile se ha instalado con fuerza, más aún en la Región de Aysén, debido a los proyectos hidroenergéticos que se tramitan en la zona, como también a partir de los inconvenientes, que se generaron en la industria acuícola, producto de la escasa regulación que tenía la actividad y que provocó grandes pérdidas por carecer de barreras sanitarias adecuadas. Tanto es así, que hubo que implementar una nueva legislación.

   Hoy la nueva institucionalidad ambiental, creada a partir de la Ley 20.417, plantea una nueva orgánica y funcionamiento.

   EPD conversó con el consejero regional por la provincia de Coyhaique, Juan Álvarez Santana, actual presidente de la Comisión Medioambiente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), y conocer el rol que juegan, en esta instancia, los representantes de cada gobierno regional del país.

 

Superintendencia con Tribunales

 

¿Cuál es el rol de los consejeros regionales del país en la nueva legislación ambiental?

   Este nuevo cuerpo legal ya fue analizado por los consejeros de todo Chile. Recientemente nos reunimos representantes de las 15 regiones para revisar y conocer en detalle los alcances de esta Ley, y entre lo más relevante, es que se llega a la conclusión que la nueva institucionalidad, simplemente deja fuera a los consejeros regionales. Nuestra opinión no es vinculante respecto de los proyectos que se evalúan en el sistema y eso lo consideramos grave.

¿Y los gobiernos regionales en su conjunto qué rol cumplen en la nueva ley?

   No tienen ingerencia, sólo son consultados respecto de la pertinencia o relación que las iniciativas tienen con la estrategia de desarrollo o con los planes de desarrollo comunales, hasta ahí llega su participación. Y lo más preocupante es que las Coremas terminan su forma actual el 31 de diciembre, y los reglamentos, no obstante que la ley está promulgada, aún no están publicados. Pero hay 2 instancias que nos parecen más relevantes aún y que todavía están en discusión, uno es la Superintendecia de Medio Ambiente y la otra los Tribunales Ambientales.                                     

¿Qué influencia tiene la comisión del Medio Ambiente Ancore en la nueva institucionalidad?

   Nuestra influencia es política, y lo que estamos haciendo es a través de las comisiones parlamentarias, de la Cámara y el Senado, plantear nuestras aprensiones para que sean tomadas en cuenta en las instancias que quedan por resolver de la Ley, y también para modificar algunas que tomaron en cuenta sobre materias que les interesan a las regiones. Lo que queremos rectificar, es que los gobiernos regionales, ya sea a través del Consejo Regional (CORE) o con la integración de consejeros en las instancias de discusión, no queden al margen, con opinión vinculante, en alguna etapa donde se tramitan los proyectos relevantes para el desarrollo de las regiones.

¿Y cómo lo van a lograr si la ley ya está publicada… presentarán alguna modificación?

   Si es necesario sí. Pero como asociación de consejeros, a nivel país, estamos viendo otra fórmula. En el gobierno de la Región de Los Ríos, por ejemplo, los consejeros que integraban la Corema conformaron una Comisión de Medio Ambiente (no permanente), que tiene entre sus tareas revisar los proyectos que ingresan al sistema y la División de Planificación solicita pronunciarse a los consejeros sobre determinadas materias ambientales a esta comisión, que luego la presenta en una comisión permanente para que el Consejo se pronuncie. Si bien es cierto es un resquicio, está dentro de nuestras facultades y de esa manera el CORE se hace escuchar respecto de determinados proyectos que pueden impactar negativamente a un determinado territorio.

 

Debate e intereses

 

¿De qué manera el Consejo Regional participa hoy en la discusión de los proyectos que se evalúan, lo cual ha generado debate regional, nacional e incluso internacional?

   El Consejo siempre ha estado interesado en conocer los impactos, los beneficios y los efectos directos e indirectos de los proyectos hidroeléctricos. Hemos invitado a quienes tienen distintas opiniones respecto del proyecto HidroAysén y falta la exposición de Energía Austral, que fue solicitada por un consejero de Aysén, pero su ponencia no fue votada.

   Hace un tiempo invitamos a expertos para discutir la pertinencia de estos proyectos y también para conocer más en detalle la política energética del país. Todo con el propósito que los consejeros en su conjunto tengamos los máximos conocimientos respecto de estos temas y para quienes nos representen en la Corema (los consejeros Sergio Maldonado, de RN; Víctor Ojeda, del PS, y Luz González, del PRI), lleven la opinión ojala del Consejo en su conjunto.

¿Cuál es la opinión personal, respecto de los proyectos que hoy se evalúan en la región?

   La convicción que tengo, es que no existe toda la información disponible para discutir sobre estos proyectos. Lo que queda claro, y por lo demás absolutamente natural en nuestros tiempos, es que aquí existe una gran oportunidad de negocio para ciertas empresas dedicadas a la industria energética. No sabemos con exactitud, cuál es la real necesidad energética que tiene el país, no sabemos si aplicando determinadas políticas de eficiencia energética cuánto ahorraríamos y no sabemos con certeza, si la generación de energías alternativas es suficiente para suplir la demanda proyectada. Lo que debe haber aquí, es un mayor debate técnico y un mayor nivel de transparencia de todos los actores, para saber los intereses que se están jugando. La región no puede estar al margen de un debate, donde hay tantos recursos involucrados.

Lo que a mí me preocupa, en la eventualidad que estos proyectos se materialicen, es saber técnica y financieramente que pasa con la región, saber el resultado de la puesta en valor de nuestros recursos, tal como están hoy. En definitiva, aquí falta información para pronunciarse responsablemente.

   Un ejemplo que me preocupa, es lo que ocurrió en Barrancones. El Presidente Piñera resolvió por la vía de la discrecionalidad, un proyecto energético en el norte del país, precisamente, por el valor ambiental que se le atribuía al área de influencia de una planta termoeléctrica. El proyecto se suspendió y nunca quedó claro por qué.

 

Royalty minero

 

“En buena hora, pero no suficiente. Lo mismo debe aplicarse a los recursos naturales que poseemos en la Región de Aysén. Un royalty al agua que se utilice para la generación eléctrica o para la acuicultura. También la nacionalización del agua, como un día en Chile, lo fue el cobre”.

 

La nueva institucionalidad

 

   En los últimos años el país se dio una institucionalidad ambiental, a partir de la promulgación de la Ley 19.300, que sirvió para una etapa del país, donde se requería una reactivación económica fuerte, por tanto hubo consenso en que las normas ambientales debían tener los estándares de un país emergente, lo que lejos de favorecernos, según diversos estudios, más bien ha sido un obstáculo que abrió un nuevo debate que pareció cerrarse con una nueva institucionalidad.

   La Ley 20.417, publicada el 26 de enero de 2010, crea el Ministerio del Medio Ambiente, con una Subsecretaría, Superintendencia y Tribunales Ambientales, que pone a Chile a la vanguardia mundial, dando un paso sustantivo hacia una mayor protección de nuestro entorno natural, una mayor protección de los recursos no renovables y genera un espacio de mayor discusión ciudadana. Este nuevo estatus ambiental, reemplaza las 15 comisiones regionales del medioambiente (Coremas) por una Comisión de Evaluación Ambiental, que modifica su conformación respecto de la anterior instancia, y de paso, restando la participación de los consejeros regionales, gobernadores y de los seremis de Educación y Bienes Nacionales. A su vez, amplía su competencia también a las Declaraciones de Impacto Ambiental, y crea los Servicios de Evaluación Ambiental.

   La nueva normativa abre nuevos espacios de discusión, genera instancias que no existían en la anterior legislación y pone a Chile en  la vanguardia ambiental del continente. Sin embargo, a juicio del presidente de la comisión nacional del medio ambiente de Ancore, consejero regional Juan Álvarez Santana, al dejar al margen a un ente político, que debiera interpretar de mejor manera el sentir ciudadano como son los miembros del Consejo, queda también al margen parte de la ciudadanía. Actualmente, los consejeros regionales, que integran la Corema, tienen derecho a voz y voto, y eso los coloca en un rol activo más relevante, pese a que estos representantes locales aún son dirimidos en una elección indirecta.

“No sabemos con exactitud cuál es la real necesidad energética que tiene el país, no sabemos si aplicando determinadas políticas de eficiencia energética cuánto ahorraríamos y no sabemos con certeza, si la generación de energía renovable es suficiente para suplir la demanda proyectada (…) En definitiva, aquí falta información para pronunciarse responsablemente”

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