A fondo con el nuevo Ministro de la Corte, Pedro Castro E.

Ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza:

“Cuando la justicia tarda, no es justicia”

La celeridad de los jueces en administrar justicia, la reforma procesal, la rehabilitación de quienes delinquen y la pena de muerte, abordó el nuevo integrante del tribunal de alzada, el primero ‘patagón’ que llega a esta instancia en Aysén.

Por Claudio Díaz P.
Fotos: Agencia Imágenes de la Patagonia.

   “Estoy terminando de instalarme”, comenta el ministro Pedro Castro, apenas ingresamos a su nuevo despacho en el tercer piso de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el imponente edificio de avenida Baquedano que alberga al tribunal de alzada en la zona y que se inauguró en 2007, proyectando la demanda de un Coyhaique y una región hacia las próximas décadas.
   Nuestra entrevista fue rápidamente convenida, tras la asunción del nuevo integrante del tribunal de alzada. Ello nos dio una señal positiva, en una relación histórica entre el poder judicial y la prensa que no siempre ha sido la más fluida, algo que hoy está cambiando y que nos permite saber de antemano que no hay temas “inapropiados” o “vetados” para conversar con la nueva autoridad judicial.
   Nos interesaba conocer quién era el “nuevo ministro” y, de paso, entender cómo se ha ido modernizando la justicia en la región, con todo lo que ello implica, en términos de infraestructura, cultura local y de medios disponibles, proceso que, a veces, a ojos de la comunidad es más bien imperceptible.

Ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinoza

   Pedro Castro Espinoza, tiene 56 años, y a primera vista es una persona afable. Su voz profunda no logra opacar la calidez y simpatía que ofrece naturalmente al conversar, algo que nos permite entrar sin mayores barreras al diálogo directo.

Ministro, a partir de su experiencia, ¿cuál es el perfil criminal que diría tiene esta región?
Desde el punto de vista de la criminalidad, esta es una región con un bajo índice de criminalidad, pero llama la atención que los crímenes atroces no ocurrían con tanta frecuencia, lo que se aprecia que ha ido cambiando. Hemos conocido crímenes cruentos y horribles que han sido sancionados.
Eso puede ser un poco influencia de la televisión, hay alguna violencia empaquetada que se transmite y la forma de solucionar los conflictos se imita y así hemos visto algunos crímenes realmente horribles, pero en la generalidad la criminalidad es baja.

Se torna complejo cuando los casos son de alto impacto social…
No se puede dar conformidad a todo el mundo. Tenemos índices de percepción como poder judicial, quizá no los óptimos, lo que es absolutamente razonable, (porque) siempre vemos conflictos sociales donde hay 2 partes comprometidas, donde esto no puede terminar en empate.
En lo penal, es complicado, porque están los sentimientos de las víctimas que no quisieran ver nunca más al victimario, y la población que mira y observa esta situación que muchas veces desconoce los pormenores, y se siente muy legítimamente con todo el derecho a opinar y a ponerse en el caso de la víctima. En consecuencia, también aspira a sanciones que legalmente no procede o que teniendo conocimiento cabal de todos los antecedentes seria francamente injustas, incluso ilegales.

El “crítico” rol de los jueces

   Es una dura tarea interpretar la ley, y por tanto la acción de los jueces está expuesta muchas veces a la crítica. En abril pasado, el propio Presidente Piñera cuestionó al poder judicial, lamentando enormemente “información insuficiente, descoordinación o mala aplicación de la ley” en el caso de Erasmo Moena, violador que tras negarse su arresto en Los Ángeles, atacó 5 nuevas víctimas antes de ser arrestado nuevamente en la Región de Valparaíso.
   A nivel regional, el 2009 registra la dura crítica del obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora, contra la Corte de Apelaciones local, acusando el lento avance de diligencias en el caso de la muerte de la joven aysenina Nataly Arias Peña. En radio Cooperativa, el 24 de marzo del año pasado, Infanti señaló que “sentimos que hemos sido burlados por la justicia en años anteriores, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, especialmente, se ha reído de todo un pueblo, se ha reído de la muerte, de un pueblo que sufre. El pueblo aquí ya está diciendo ‘basta’”
   Más recientemente, el abogado querellante en la misma causa, Mauricio Daza calificó como “escandaloso” el que la jueza del Tribunal de Garantía de Puerto Aysén, Rosalía Mansilla, decidiera una nueva ampliación de plazo antes del cierre de la investigación. “Se han dictado un conjunto de resoluciones ilegales y arbitrarias”, reclamó el abogado, pues a su juicio se beneficia al imputado.
   El ministro Pedro Castro reconoce que “estas situaciones demuestran una tónica de conflictos”, pero aclara que no puede referirse a estos casos, por no conocer a plenitud los elementos y porque eventualmente podría llegar a tener que tomar conocimiento de alguno de ellos.
En cuanto a los conflictos, entre personeros y autoridades de la Corte, recuerda que el pleno emitió en su oportunidad un comunicado, y por tanto es algo que no le corresponde valorar, pues “ya fue suficientemente explicado”.

Ministro, ¿cómo se debiera entender entonces el trabajo que los jueces desempeñan?
Hay un aspecto de orden general (…) Las responsabilidades son personales, no hay responsabilidades colectivas, salvo si se trata de una asociación ilícita. Tratándose de la justicia penal, creo que es importante entender que hay distintos roles y cada persona e institución tienen responsabilidad.
El Ministerio Público hoy investiga, para ello cuenta como auxiliares a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. Son los únicos facultados para investigar y tiene plazos legales. Los jueces, en este caso los de garantía, pueden restringir estos plazos, pero también esta entre sus facultades ampliarlos, y ello dependerá de la complejidad del asunto, responde a garantizar los derechos no solamente del victimario, sino que también de la víctima, y lo que es más importante los de la sociedad toda. Muchas veces se piden diligencias con el objeto de lograr la mayor certeza de lo acontecido, es muy difícil lograr una verdad histórica, porque ésa sólo la van a saber quienes participaron en los hechos, muchas veces uno de esos participantes no puede dar su versión, reconstituirla es muy difícil, y todo lo que vaya en beneficio de eso, es bueno para todos.

¿A qué atribuir la mayor o menor celeridad en dictar sentencia?
No es responsabilidad del defensor, del juez o del querellante, depende también de la ubicación geográfica en que estamos, depende de la falta de medios del Servicio Médico Legal que es requerido por todo Chile. Nuestra infraestructura de laboratorios en la región no permite hacer una pericia de ADN y es posible que tengamos los profesionales, pero probablemente no los equipos.

En materia de familia, un examen de ADN, para determinar la paternidad de una determinada persona, puede demorar no menos de 6 ó 7 meses, “por lo que hay que mirar con el justo prisma todas las situaciones”.
Destaca además que hoy la justicia del crimen es pública y se pueden solicitar copias de las sentencias, y la idea “es que lo público es para legitimar la decisión, ejerce una labor de control, para saber cómo actúa la defensa, el Ministerio Público y cómo resuelve el juez. Esa publicidad nos legitima ante la opinión pública”.

La opinión pública no siempre respalda los fallos…
Podremos estar en desacuerdo, indudablemente, siempre hay posturas distintas, y es adecuado. (…) Pero antes de opinar es necesario informarse, pedir información.
Basado en el respeto de las ideas contrarias podría esto ser mucho más elevado y tolerante, creo que la opinión drástica y definitiva como poseedor absoluto de la verdad, creo que no está en la tierra alguien que pueda determinarla, y nosotros somos humildes servidores de la justicia tratamos en lo posible de hacer justicia y ser justos, y tenemos leyes que a veces pueden resultar injustas.

¿Qué siente cuando las personas apelan al dicho “la justicia tarda, pero llega”?
Creo que la justicia que tarda, no es justicia. Creo que mientras más pronto se dé a conocer una resolución, creo que beneficia a todo el mundo, puesto que las situaciones no se aplacan, pero se establecen. Pero en cuanto a la lentitud de las resoluciones, discrepo de esa parte.
En materia criminal los jueces tienen un plazo para dictar sus resoluciones y, a veces, son plazos sumamente injustos para quien debe redactar esa sentencia, puesto que tiene la obligación de hacerse cargo de toda la prueba producida en juicio y debe analizarla y ponderarla adecuadamente…

Antes de la reforma procesal los juicios y sentencias demoraban más…
Ahí hay otra falsa concepción y aquí quiero ser regionalista. Nuestra comunidad con todas las dificultades que tiene en cuanto a pericias médicas y a una serie de diligencias que, necesariamente, con mayor razón antes, debían salir afuera (…) a pesar de eso, el promedio de resolución que presentaba esta región, en lo jurisdiccional, era absolutamente inferior que a los promedios del norte.
Nosotros teníamos un promedio de alrededor de 5 meses de resolución de las causas, en el norte era de 8 meses. Es decir, con todas las limitaciones, problemas de conectividad y de medios, teníamos un promedio superior.
No es que antiguamente se hicieran mal las cosas, simplemente eran otros procedimientos. Los jueces siempre han sido profesionales en esto y muy profesionales, a tal grado que quienes hacían la investigación antes, sometían a proceso, acusaban y no pocas veces terminaban absolviendo, y eso habla del profesionalismo de la personas llamadas a juzgar esos hechos. Eran perfectamente capaces de revertir lo que ya habían partido presumiendo, porque habían elementos para hacerlo, la ley lo permitía.

   En este sentido, precisa el ministro de Corte, “las decisiones a que se nos someten a nuestra consideración muchas veces implican derechos tan elementales, como elevados: la libertad personal, la propiedad, el patrimonio, la estabilidad familiar; son resoluciones que no se pueden tomar a la ligera”.
   Un acucioso trabajo de meditación, dice, para sopesar las pruebas y arribar a una solución adecuada.
“En el caso de los menores infractores de ley penal, tenemos una ley nueva que tiende a hacer al menor ya no un objeto de derecho, sino un sujeto de derecho que es responsable por lo que haya cometido, pero el afán de la ley no es castigarle, sino que esa sanción que se le imponga, lo rehabilite, lo resocialice y lo reinserte a la sociedad como un hombre útil”, apunta.

Ministro, en Coyhaique existe un proyecto para construir un nuevo recinto penal, ¿pero es ese el camino más apropiado que debieran seguir las personas que han delinquido, para lograr reinsertarse?
Aquí es difícil hablar en general. Cada caso es un caso. Cada caso tiene su individualidad y sus circunstancias que lo rodean.
En abstracto, sí se puede decir que la cárcel no es una buena medida de resocialización y rehabilitación, como medida final. Así lo demuestran todos los estudios.
La doctrina moderna se opone absolutamente a ello. Así como la prisión preventiva, mientras se sustancia una investigación, tampoco es la más recomendable, tampoco es la sanción. Pero como digo, cada caso es un caso.
Nuestros índices en Coyhaique, y en general, indican que quienes cumplen condenas (incluso los reincidentes), en aquellos lugares del medio libre, donde se les enseña uno oficio, donde reciben una determinada remuneración…

Aquí tenemos el caso de Melimoyu…
Como es el caso de Melimoyu o Valle Verde, que les estimulan una disciplina. Se va dando una mecánica de acostumbramiento que hace que esa persona se estimule y vaya planificando su vida en base a los ingresos que va obteniendo, le cambia la vida.
El porcentaje de reincidencia de esas personas es de un 20%, vale decir el 80% de esas personas no reincide en delitos. El porcentaje de reincidencia en aquellas personas que cumplen sentencia privados de libertad absolutamente, sin posibilidades de adquirir un oficio que les permita ganarse la vida el día de mañana, es precisamente al revés, reincide en un 80% y es un 20% el que no lo hace. Entonces son cifras dramáticas que no hacen pensar, realmente, que tenemos un sistema carcelario deficiente, que tenemos un sistema de hacinamiento horroroso. Los condenados están pagando sus culpas, sus delitos, pero siguen siendo personas que siguen teniendo derechos, y uno de esos derechos es tener una vida digna.
Y lamentablemente, al menos en esta ciudad, en esta región, en lo que es el centro de cumplimiento penitenciario es un hecho que está obsoleta y está sobrepasada.

   El ministro Castro hace hincapié en el profesionalismo que sigue gendarmería. “Se lleva con criterio y con un adecuado supervigilancia el devenir diario, puesto que podría ser fuente de muchos problemas”.

Aunque ya está derogada la pena de muerte en Chile, siempre entra al debate cuando ocurren crímenes de alto impacto social, ¿cuál es su posición frente a este tema?
Es un tema complicado, porque implica muchos aspectos, incluido el de los valores, desde el punto de vista personal.
Nuevamente, en abstracto, no soy partidario de la pena de muerte, creo que con eso no solucionamos nada. No es una medida ejemplificadora. Hubo una corriente por allí que decía que las penas debían, como función de la pena, dar ejemplo a los demás miembros de la sociedad de que ante determinada conducta se iba a enfrentar a una determinada pena.
Creo que quien delinque muchas veces no lo hace pensando en que va a tener una pena más leve o una más grave. Lo hace por otras circunstancias y no medita en esos aspectos. De manera que a partir de ello, no habría razón para mantenerla o imponerla.
Además como se repara el error (sobre el condenado), en el caso que lo hubiere. Es irreparable.
Pareciera ser que todo aconseja, incluso desde punto de vista de las victimas que reclaman una mayor drasticidad. Que puede ser más drástico que terminar de por vida privado absolutamente de libertad, sin poder disponer de su vida ni de su tiempo, se acaban las esperanzas, se acaban los anhelos, pareciera ser que ese es un sufrimiento más grande.

“No quise ingresar al poder judicial”

Nacido en Puerto Aysén, Pedro Castro Espinoza, confiesa que tuvo al principio de su carrera la opción de ingresar al poder judicial y no quiso hacerlo. Prefirió el ejercicio libre de la abogacía, hasta que años después ingresó como relator a la misma Ilustrísima Corte de Apelaciones en que hoy es ministro.
Fuera de la región, litigó como abogado por una década en La Unión y sus alrededores, para luego volver a la zona, donde lleva ejerciendo el Derecho por 16 años. “Soy patagón de nacimiento y además por opción, quisiera que el día de mañana me entierren aquí”, dice con mucha convicción el ministro Castro, quien reconoce que asumió “con un orgullo enorme” el cargo, pues además es el primer ministro “patagón” que llega a la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Transparencia y dignidad

En la zona, el trabajo jurisdiccional se torna dificultoso en algunos aspectos, ya sea por la falta de conectividad o de medios que asisten a la justicia. Ello lo sabe muy bien el actual ministro Pedro Castro, quien en algún momento fue directivo de la asociación de magistrados, de la cual sigue siendo miembro.
“Los colegas que trabajan en juzgados de zonas aisladas desempeñan su labor con mucho esfuerzo y sacrificio”, explica, admitiendo que hoy hay un poco de más medios que antes para administrar mejor justicia, pero no oculta que añora una mejor dignidad para los jueces, en lo administrativo y avanzando en diversos proyectos de ley aún pendientes.

Un comentario en «A fondo con el nuevo Ministro de la Corte, Pedro Castro E.»

  • el 15 diciembre, 2010 a las 12:33
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    Quisiera felicitar a la región de Aysén, porque tienen un Ministro-juez «de lujo». Tuve el privilegio de conocerlo la semana pasada en algún lugar de la hermosa región, sin saber de su alta investidura. Yo y mis colegas (profesora y bióloga marina) quedamos sorprendidos de su calidez, hospitalidad y disponibilidad para conversar sobre uno de los poderes del estado que como ciudadanos menos conocemos. Somos parte del programa COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción y por esa razón viajamos a menudo a la XI región.

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